Crisis: ¿financiera o de confianza? #Michoacan

Luis Patiño

Al enviar al Congreso la iniciativa para que se reforme la Ley de Deuda Pública para que se permita contratar ¡nuevamente! créditos a corto plazo para el gobierno de Michoacán, Godoy Rangel, reconoce en los hechos la quiebra de su administración.

De manera genérica una quiebra se presenta cuando la entidad, en este caso la administración estatal, no puede pagar sus adeudos o cuando sus obligaciones sobrepasan el valor de sus activos.

Obviamente y guardando sus proporciones, esta parece ser la situación que vive la administración godoyista.

Para mayor abundamiento, en la propia exposición de motivos de la iniciativa de reforma, el gobernador advierte que la “estabilidad económica del estado y de algunos sectores de la sociedad se encuentra en riesgo”.

Argumentos similares a la justificación de anteriores empréstitos, finanzas “severamente dañadas” por el incumplimiento de las aportaciones de la federación, peso importante a los gastos en educación y ahora agrega un elemento de suma importancia: “esta realidad afecta a la UMSNH”.

De tal forma, que los salarios y aguinaldos de cientos de miles de burócratas se encuentran en vilo y constituye un verdadero coktail explosivo.

Siguiendo con el ejemplo legal de una quiebra, quizá valga la pena recordar que en una situación así, interviene un juez o un árbitro, que se encarga de administrar la “quiebra” y defiende los intereses de los acreedores.

Amén de designar un custodio de los bienes, para asegurar en base a una prioridad de reclamaciones se cumpla de la forma más estrictamente posible.

Teniendo los dedos contra la puerta, el “patriotismo” de los legisladores de todas las bancadas seguramente se impondrá y seremos testigos de una nueva carga de endeudamiento.

Para no reeditar las declaraciones del año pasado “será la última vez”, “que se etiquete para qué y cuanto” “un crédito transparente” y etcétera, etcétera, los legisladores deberían jugar el papel de custodios y garantizar el pago de salarios, prestaciones a los trabajadores de base y a los proveedores como principal prioridad.

En segundo lugar y para reactivar el mercado interno, deberían poner a subasta decenas de activos con que cuenta el gobierno estatal, empezando por el lujoso parque vehicular del que hacen uso los funcionarios, así como cancelar los gastos de representación incluyendo suspender los “vuelos” para tareas seguramente oficiales.

Godoy Rangel y sus funcionarios, deben entender que las Instituciones, pueden encarnar incentivos para atraer inversión, para que las empresas ya instaladas inviertan en la capacitación de sus empleados y con ello, organicen mercados más eficientes.

Los gobiernos de los estados, transmiten u obstaculizan la información; cuentan o no con autoridad moral para exigir el cumplimiento de contratos entre la sociedad y sus particulares; en pocas palabras pueden o no, organizar una convivencia sana y productiva en la sociedad.

El resultado electoral, nos indica que fracasaron.

En consecuencia, no es evadiendo la responsabilidad propia y endilgándosela a la “detestable derecha que gobierna el país”; ni simplemente extendiendo la mano para un nuevo crédito como se resuelve la “emergencia”.

La administración godoyista, cuenta con un déficit aún mayor y de efectos a mediano plazo: es un déficit de credibilidad.