El urgente debate público sobre la Seguridad Nacional

Por : Teresa Maria G. Da Cunha Lopes

El debate público, urgente y necesario sobre la Seguridad Nacional está en la realidad sometido y formateado por el contexto de crisis humanitaria y de violaciones a los Derechos Humanos instalado por la presente guerra contra el crimen organizado. No, por las acusaciones entrecruzadas entre los diversos actores de la partidocracía nacional.

No debemos rebajarlo a ese nivel y tan poco banalizar la gravedad de su impacto sobre nuestro cotidiano.

A los ojos del ciudadano común, se resume a un debate sobre una sola componente del contexto actual de México, la lucha contra el crimen organizado, NO sobre los paradigmas más amplios en que se deben sustentar las opciones de las políticas de la Seguridad Nacional y, que son el objeto de la Ley de Seguridad Nacional .

Y, este debate, para el ciudadano común pasa por una reflexión ciudadana sobre la legalización de la droga, que tiene que ir más allá de la liberalización del consumo y, de la separación jurídica y operatoria entre narcomenudeo y consumo privado, introducida en el Decreto- Ley aprobado en el 2006.

Sin embargo, este debate público, urgente y necesario sobre la posibilidad de legalización de la droga, aparece contaminado por tres elementos:

1.- por la violencia vivida en el país;

2.- por la oposición ideológica entre diversos sectores de la sociedad mexicana que impiden la construcción de un pacto nacional contra las estructuras del crimen organizado

3.-por un desacuerdo fundamental (íntimamente conectado con la alínea 2) entre dos visiones de País, una, profundamente anclada en el "pasado de una ilusión" y una "imago mundi" post- moderna que quiere posicionar a México como un actor-clave en las transformaciones jurídicas y sociales del siglo XXI .

Existen dos problemas en México que sí bien entrelazados, parecen ser el mismo, pero que no lo son:

1.- la expansión del narcotráfico y un universo de consumidores en aumento;
2.- la violencia generada por los diversos grupos del crimen organizado.
Para frenar el primero, se debate, últimamente sobre la legalización de la droga, pero de una manera abstracta y sin puntualizar los alcances y límites de esa legalización.

Para la legalización y para los posibles efectos positivos sobre el control sanitario de la drogadicción pienso que se debe examinar el caso de Portugal, que es un ejemplo con más de diez años de implementación, citado y “copiado” a nivel mundial y colocarlo en su debida ubicación: el de un problema de salud pública, con componentes epidémicas.

Sin embargo, el crimen organizado y la ola de violencia que contamina al país no están solamente conectados al tráfico de sustancias, SÍ, hoy en día diversificados en varias actividades ilícitas, en particular, el tráfico de armas, la explotación clandestina de recursos naturales (ejemplo, el caso de Cherán), la prostitución y la trata de personas, etc. Es esta última, como lo hemos visto con las fosas en San Fernando y en Durango, que ha generado los episodios más macabros de la tragedia y del horror cotidianos. Y, atacarlo, en consecuencia, como se combate a una enfermedad. No, transformarlo en un delito. Una legalización del consumo de drogas, no alterará fundamentalmente los contextos de violencia, Sí, tendrá un impacto positivo en la recuperación del individuo, en el reforzamiento de los lazos familiares y en la producción de una consciencia de solidaridad nacional y de cohesión social.

Pero, el combate a la violencia generada por el crimen y sus organizaciones delictivas, tiene que ser hecho a partir de políticas de Estado de seguridad integral que comporten: una estructura de investigación federal, cuerpos de seguridad del estado operativos, una reforma del sistema judicial (ya en marcha) y responsabilidades que deben ser compartidas y asumidas en los diversos niveles, federal, estatal y local y, apoyadas por grandes consensos ciudadanos .

Todos estos puntos fueron retomados en el documento que la UNAM publicó en la primera quincena de Agosto del año pasado y que, pensamos, debería ser objeto de máxima difusión y punto de partida para el diálogo nacional, ya propuesto por el Ejecutivo y, en el cual la UNAM ya aceptó participar.

A estas iniciativas internas debemos sumar las iniciativas externas. El problema de la Seguridad Nacional creado por las acciones del crimen organizado, es un problema regional y cómo tal tiene que ser abordado.

Promover una estrategia conjunta con Guatemala y Colombia distinta a la prohibición de drogas, es esencial para México.

Sin embargo, a pesar de saludar estas iniciativas, tanto la del año pasado de la UNAM, como la reciente del Presidente de Guatemala, que pueden ser el detonador del debate urgente y necesario sobre la Seguridad Nacional y la crisis humanitaria que atraviesa el país en su lucha contra el crimen organizado, por el momento, dudo mucho de la posibilidad de regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, ya que son la única institución con capacidad real de intervención y que pueden asegurar la seguridad en las zonas críticas y, por ende, (aún que a muchos les parece difícil o mismo contradictorio) nuestros derechos fundamentales.