Erradicar la impunidad, tarea central de la nueva administracion: Por Luis Patiño






Por Luis Patiño


El resultado electoral del pasado 11 de noviembre, en el cuál la ciudadanía le retira su confianza a la izquierda electoral e hizo gobernador a Fausto Vallejo, nos enseña que un gobierno fuerte y democrático es aquel que pone especial acento en la rendición de cuentas.

De igual forma, la sustentabilidad y permanencia de un grupo o partido político en el poder, depende en gran medida de los resultados de su gestión, no necesariamente del estado contable de la administración, sino de la manera en que se usaron los recursos para maximizar el desempeño como gobierno.
Jugaron y jugaran un papel fundamental las entidades fiscalizadoras.

¿Cómo poder superar de manera objetiva, documentada, el actual diferendo entre el ex gobernador Godoy acusado por el propio Presidente de la República de no poder comprobar el destino de “varios miles de millones de pesos” etiquetados al seguro popular?

Superando la “pasión” partidista, que justifica la defensa a ultranza de ambos personajes involucrados ¿Cómo y bajo que mecanismo resolver ese diferendo en beneficio de la sociedad?

Sin duda el marco constitucional que nos rige, señala a las Auditorias, órganos técnicos del Congreso de la Unión y la correspondiente a la legislatura local.

Estas entidades fiscalizadoras, desempeñan una función importante en relación a la administración de los recursos, a los controles, a las labores de información y a las auditorías de desempeño, que se diseñan precisamente para mejorar la economía, la eficiencia y la eficacia del quehacer gubernamental.

El fracaso de la administración godoyista, no habla solo de un alto índice de anarquía administrativa, o de niveles enfermizos de corrupción, habla del fracaso de los contrapesos entre poderes y de lo inútil que ha resultado invertir en la Auditoría Superior de Michoacán.

Un órgano fiscalizador obeso, lento en sus decisiones y anacrónico en el momento de actuar, siempre se ubicara a la cola de los acontecimientos, cuando más, plañendo autonomía técnica y financiera, pero en los hechos cada individuo con un compromiso partidista que evidentemente neutraliza el accionar como conjunto.

Tampoco es necesario dar una vuelta de tuerca y regresar a la Contaduría Mayor, la Auditoría Superior de Michoacán, debe auditar todos los recursos públicos que se ejercen en la entidad, pero también evaluar programas, analizar proyectos y dar seguimiento legal a los compromisos contraídos por los gobernantes.

La ASM debe servir al Congreso, a sus diputados, quizá hasta a los grupos parlamentarios que conforman la legislatura, pero principalmente debe servir a los intereses de la sociedad.

En un respiro, este organismo nos debe señalar todo lo que hizo el gobierno godoyista; todo lo que puede hacer la nueva administración y lo que van hacer en el futuro, los gobiernos en el mundo.

De actuar con dedicación, la ASM sabría de primera mano cómo funcionan los centros penales en la entidad y podría eventualmente, emitir alertas.
A estas alturas, la sociedad ya debería de contar con un informe pormenorizado acerca de que despachos, propiedad de quién y cuanto se les pago en aquella tan difundida campaña por conseguir la planta refinadora de PEMEX para Michoacán ¿recuerdan?

Otro ejemplo quizá más doloroso, porque implicó el reacomodo de miles de familias michoacanas, es la reconstrucción de Angangueo después que fue arrasado por lluvias atípicas.

¿Quién contrato? ¿Cuánto se ejerció? ¿Qué empresas ejecutaron y por qué? Y lo más importante: ¿las familias involucradas, están satisfechas con el servicio?
Con las interrogantes despejadas, estaríamos en condiciones objetivas, documentadas y no por pasión partidista a realizar juicios y poder aseverar sí las acciones de gobierno alcanzan una categoría de fraude o no.

Hasta el momento, no conozco a nadie que esté a favor del fraude, la malversación y el abuso.

Existe un claro hartazgo de los michoacanos a estos excesos, que una de las tareas centrales de la nueva administración encabezada por Fausto Vallejo es impulsar acciones en contra de la impunidad.

Tiene que encabezar una serie de acciones, sistemáticas, en todos los frentes sociales para que en la administración gubernamental, pero también en la práctica social, se arraigue la cultura de la rendición de cuentas y con ello eliminar la impunidad.

Los diputados, con mayoría priista, deben poner el ejemplo ¿lo harán?.
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