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lunes, junio 18, 2012
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Basta de crimenes contra la libertad de expresion

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El cuerpo sin vida del periodista Víctor Manuel Báez Chino, fue encontrado con signos de tortura en la madrugada del pasado jueves 14 de junio en la calle Úrsulo Galván ubicada en el centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz. El periodista contaba con alrededor de 30 años de experiencia cubriendo la fuente policíaca en el estado y era integrante del consejo editorial del sitio web www.reporterospoliciacos.mx.

Según los reportes oficiales que proporcionó el gobierno del estado en conferencia de prensa, y por diversas fuentes, el periodista, quien también trabajaba para Milenio El Portal de Vercruz, perteneciente al grupo Milenio, fue interceptado por un comando armado de tres personas que lo obligó a subir en una camioneta gris alrededor de las 23:30 horas del 13 de junio.

Si bien las autoridades indicaron que fue implementado el operativo Veracruz Seguro y cerraron las salidas de la ciudad, sólo lograron localizar el cuerpo del periodista a las 5:00 horas de este jueves, y a tan sólo 20 cuadras del centro de la ciudad. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que abrió la investigación ministerial 715/2012, y la vocera del gobierno del Estado aseguró que se harían las investigaciones pertinentes.

Sólo en la actual administración estatal, suman ya nueve los periodistas asesinados, en la entidad. Además, hubo un ataque con explosivos a un medio de comunicación y diversas agresiones graves como allanamientos, amenazas y despidos injustificados posteriores a éstas. Como consecuencia de amenazas e intimidaciones, más de media docena de periodistas han tenido que salir del estado -uno de ellos solicitó asilo en Estados Unidos- ante la falta de garantías para el resguardo de sus vidas y el ejercicio de la libertad de expresión.

En los casos descritos, si bien hubo amenazas corroboradas previas a varios crímenes, la falta de acción oportuna y eficaz de las autoridades competentes impidió salvar esas vidas.

Al mismo tiempo, las investigaciones de lo casos no han arrojado ningún resultado concluyente, con lo cual se ha propiciado la repetición de los hechos delictivos y la indefensión de las víctimas, como se ha podido constatar.

La situación que vive la prensa en el estado es crítica y se prevé que las agresiones no cesarán mientras el gobierno de Veracruz continúe sin dar una respuesta eficaz a los llamados urgentes que diversas organizaciones nacionales como internacionales, el propio gremio periodístico y la sociedad en general, le han reiterado sobre su obligación de proteger y asegurar la integridad física de las y los periodista, sin escatimar esfuerzos.

A principios de junio el gobierno del estado anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso estatal de una Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz. Independientemente del destino de esta iniciativa, consideramos que el gobierno del estado tiene una obligación ineludible de proporcionar garantías de seguridad a todos sus habitantes, incluyendo naturalmente al gremio periodístico, y no puede esperar a que esa Comisión sea operativa para cumplir con dicha obligación.

Como establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

En el marco de las obligaciones constitucionales del Estado mexicano, solicitamos a las autoridades competentes:

Del gobierno del Estado de Veracruz:

• Ofrecer garantías efectivas de seguridad para la vida, la libertad, la integridad física y moral, y el ejercicio de la libertad de expresión para periodistas y medios de comunicación.

• Que ante las amenazas a la vida y a la libertad de expresión, el gobierno del estado actúe en consecuencia y con la debida diligencia, protegiendo a periodistas y medios de comunicación, y lo haga público.

• Que el gobierno del estado de Veracruz y la Procuraduría General de la República investiguen los casos de homicidios, desapariciones, amenazas y agresiones de cualquier tipo a periodistas y medios de comunicación, que de manera urgente identifique a los responsables y los someta a la justicia.

• Es indispensable que el gobierno transparente las investigaciones sobre los crímenes de periodistas ocurridos en la entidad, para lo cual debe de ofrecer, de manera inmediata, una explicación de los avances de las indagatorias, y la actualice en un plazo no mayor a tres meses.

Del Gobierno Federal:

• Una acción urgente, extraordinaria e inmediata para Veracruz a fin de implementar medidas de protección para periodistas y que involucre a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal.

• Apoyo institucional inmediato a la FEADLE para investigar los crímenes en todo el país, y que ésta informe sobre el avance de sus investigaciones con regularidad.

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