¡No, el secuestro politico, no! Por Julio Santoyo #Michoacan

Por Julio Santoyo Guerrero

Hay hechos ominosos que vienen ocurriendo desde hace por lo menos dos décadas. Ocurren de ordinario a la vista de todos los michoacanos y son difundidos por casi todos los medios con cobertura estatal. Y a pesar de constituir estos un delito, y hoy día un delito grave, que se persigue de oficio, sin embargo se ha tolerado, más bien se le ha otorgado certificado de justificación social y política. Aún más asombroso es que ninguna organización gubernamental y no gubernamental de derechos humanos haya querido siquiera medio voltear la vista a estos eventos ya que esencialmente implican una violación grave a los derechos humanos de las personas victimizadas.

El secuestro de personas con fines políticos en la entidad es un hecho recurrente de diversas agrupaciones sociales. La manera en que se ha encubierto este evento condenable desde hace dos décadas es con el adjetivo que los propios secuestradores "sociales" le han "sugerido" a los diversos gobiernos en turno: "retenidos". Así, poblados en disputa secuestran a sus adversarios para negociar arreglos políticos; pobladores y líderes que secuestran servidores públicos para utilizarlos explícitamente como rehenes para obligar a firmar acuerdos; líderes que secuestran personas que representan instituciones para utilizarlas abiertamente como rehenes para presionar para que les otorguen lo que exigen más allá de la razón y del derecho.

El secuestro político en Michoacán, encubierto bajo el término de "retenidos" es el resultado de la evolución de la impunidad jurídica y de la claudicación en sus atribuciones de los responsables de aplicar la ley. Representa también el alto grado de descomposición al que han arribado líderes y expresiones políticas de la izquierda radical que influyen en ciertos grupos de la sociedad michoacana. Haber llegado al secuestro, que es un delito tan abominable y opuesto absolutamente a los derechos humanos de toda persona, para utilizarlo como táctica política para alcanzar demandas, independientemente de que sean justas, indica un altísimo grado de autoritarismo y un profundo desprecio por las personas de parte de quienes enarbolan semejantes acciones.

Y ninguna justificación es válida. No lo es que sus demandas sean justas; no lo es que el gobierno no los atienda; no lo es que se trata de policías; no lo es que se trata de los enemigos de "la comunidad". Nada, pero nada, así sea que se proclamen dueños de la verdad, justifica el empleo del secuestro político.

Es además increíble que los michoacanos hayamos llegado al punto de aceptar tales hechos como una rutina que forma parte del paisaje político estatal. O peor aún que consideremos que esos eventos forman parte de la evolución democrática del estado. Es en verdad una vergüenza para nuestra democracia que esos eventos en lugar de disminuir estén a la alza, son un indicador del enorme rezago que en materia de desarrollo democrático tienen algunas organizaciones sociales o políticas. Los valores de la democracia no pasan, ni pasarán jamás por el pisoteo de los derechos humanos de las personas.

El gobierno y la sociedad deberíamos ir en una cruzada. En primerísimo lugar por fortalecer la cultura del respeto al estado de derecho y con ello para lograr la cero impunidad ante el secuestro político mal llamado "retención de personas". Esto debe implicar que nunca más autoridad alguna acepte negociar rehenes, no sólo porque hacerlo supone formar parte del delito, sino para inhibir su práctica, y porque antes que hacerlo debe perseguir el delito de secuestro tal y como es. Debe suponer también que nunca más se vuelva a utilizar el aberrante e indignante término de "retenido", debe emplearse el concepto jurídico correcto: secuestro.