¿Ingobernabilidad? #Michoacan

Por Julio Santoyo Guerrero

Es un exceso aplicar el calificativo de ingobernabilidad a la coyuntura que actualmente vive Michoacán. Las instituciones están funcionando, los poderes legislativo y judicial siguen su marcha, la sociedad reconoce legal y políticamente a su gobierno en todos sus órdenes, los ciudadanos realizan diariamente sus actividades con regularidad, la producción económica no está paralizada, etc.

Una golondrina no hace verano. El caso de la "Nueva Jerusalén", con su historia de más de 35 años no aporta esa condición. Así ha vivido todo ese tiempo bajo la mirada omisa y en ocasiones complaciente de al menos 9 gobernadores y 6 presidentes de la república. Claro ello no justifica en absoluto la aberración de sus comportamientos. Es más grave, en la perspectiva de la gobernabilidad, el poder que ha alcanzado la delincuencia organizada en diversas regiones de la entidad. Incluso es también delicada la condición financiera del gobierno que de no atenderse con prontitud puede llevar eso sí a la parálisis de las instituciones.

Sin embargo, sí se debe reconocer que vivimos una coyuntura de vulnerabilidad que si no se atiende responsablemente puede derivar en episodios focalizados de ingobernabilidad. Pero ¿Qué es lo que ha propiciado que este momento de la vida pública del estado haya adquirido características de vulnerabilidad?

Algunas características son reconocibles. La primera, de orden estrictamente política. Aunque hace más de 6 meses hubo cambio constitucional de gobierno, -luego de una elección ocurrida hace más de 9 meses-, en los hechos varios de los líderes y grupos sociales afines al partido desplazado del poder han trasladado su inconformidad y discrepancia al terreno de la lucha callejera, generando una resistencia sistemática ante ciertos actos de gobierno, generando un ambiente de tensión y en ocasiones de confrontación. La mezquindad y estrechez de miras que domina la cultura de la mayor parte de la clase política estatal ha venido colocando en primer lugar la oportunidad de rapiña coyuntural para sacar ventaja inmediatista de todo conflicto y ha postergado para las calendas griegas (para nunca), el interés superior de Michoacán. En consecuencia los protagonistas del quehacer político estatal, partidos, líderes sociales, etc., muestran escasísima sino es que nula voluntad, para establecer compromisos por Michoacán y siguen concibiendo a la democracia sólo como medio para discordar pero no para construir a partir de la pluralidad y la diversidad, en el fondo se comportan como fuerzas excluyentes.

La segunda, de orden económica. La franca bancarrota de las finanzas públicas que heredó el actual gobierno y ante la cual no ha encontrado alternativas que le permitan acceder a recursos frescos para activar la obra pública y el funcionamiento regular del gobierno, le abre un flanco de debilidad política evidente. Esta debilidad le sitúa ante el riesgo cotidiano de ser rebasado por las exigencias sociales, la mayoría de ellas ligadas a recursos económicos. De hecho, la mayoría de las movilizaciones en las últimas semanas tienen ese origen.

La tercera, de orden histórica. Durante décadas en Michoacán, nuestro estado, se ha permitido la consolidación de una contracultura del estado de derecho. Se han generado islas, que parecieran espacios extraterritoriales, en donde la ley es una excepción y la operación de las instituciones francamente son fallidas y en donde las posibilidades de la gobernabilidad son efectivamente limitadas. El caso de la "Nueva Jerusalén", es sólo el tema mediático de moda, pero hay muchos como el caso de los rutinarios bloqueos a la ciudad capital, que siendo un claro delito se confunde con un "acto justo y legítimo para presionar al gobierno". Desde luego que el tema más dramático tiene que ver con la feudalización territorial del estado a manos de la delincuencia organizada, en donde de facto existe un estado paralelo.

La cuarta, referida a la actuación gubernamental. La prudencia o el "síndrome de culpa del 68" que paraliza a casi todos los gobiernos en su atribución legal y exclusiva para hacer uso de la fuerza y hacer valer el estado de derecho, alienta la impunidad, corroe los vínculos de convivencia social y deteriora la gobernabilidad. En el caso de Michoacán el síndrome es más pronunciado. Los gobiernos han preferido el desgaste por la falta de aplicación de la ley tolerando momentos abominables de violencia, que aplicar la ley y por ese motivo recibir la acusación de "represor". Casi siempre temen a los actos firmes de gobierno, aunque tengan todo el respaldo de la ley. Piensan falsamente que la popularidad depende más de una actitud omisa que de una intervención afirmativa de la ley. Comenzarían a cambiar si de ordinario escucharan la voz de la comunidad y se respaldaran en ella, pues en su gran mayoría ella repudia las actuaciones anárquicas y violentas.

La ingobernabilidad no es para nada la mejor condición para Michoacán. Qué bien que no la tenemos. Qué mal que sean ciertos sectores de nuestra propia clase política quienes se empeñan en caminar hacia ese destino. Si creen que generada esa condición podrán sacar mejor ventaja están absolutamente equivocados. La ingobernabilidad, como Cronos, termina devorando a sus propios hijos. La democracia michoacana necesita para su fortalecimiento otro camino, el del respeto al estado de derecho, el de los compromisos superiores de los líderes, el del diálogo, el de la aplicación de la ley por sus gobernantes. No hay otro camino mejor para nadie.