Exhortan al gobierno federal a informar los fideicomisos ejecutados en 2011

México, D.F., 25 de octubre de 2012.- El senador del Partido Revolucionario Institucional, José Ascención Orihuela Bárcenas, señaló que en la sesión de este jueves, se presentó el punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a informar al Congreso de la Unión de los recursos asignados y ejecutados en los fideicomisos, mandatos y análogos ejecutados en el ejercicio fiscal 2011.

Luego de encabezar la primera reunión de la comisión que preside, la de Fomento Económico, el michoacano detalló que la bancada del PRI presentó en conjunto este punto de acuerdo debido a que en el transcurso de 2011 las dependencias del gobierno de Felipe Calderón manejaron con poca claridad 367 mil 540 millones 400 mil pesos al abrigo de las figuras de fideicomisos, mandatos y análogos, que son conocidos como "actos jurídicos sin estructura" y se integran con recursos públicos.

Al explicar el tema, Chon Orihuela abundó que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y análisis, enuncia que cada una de las dependencias federales tienen obligación de informar al Congreso del manejo de esos recursos, no obstante, las instituciones públicas solo dan cuenta de las cifras globales de los recursos públicos que controlan, sin especificar su uso detallado, destino y en cada uno de los casos la generación de intereses.

Según el informe sobre fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; agregó, en 25 de los denominados "actos jurídicos sin estructura" se concentró 85.6 por ciento de los 367 mil 540 millones 400 mil pesos. De estos multimillonarios recursos, de los que se desconoce su manejo, 317 mil 447 millones 500 mil pesos se integraron a la bolsa correspondiente a los fideicomisos; 38 mil 22 millones 500 mil pesos a los mandatos contienen, y 12 mil 70 millones 400 mil pesos a los actos jurídicos análogos.

Chon Orihuela además comentó que en el punto de acuerdo se estableció que del total de los recursos mencionados el gobierno federal controló 97 por ciento, que representan 357 mil millones; los gobiernos de los estados participaron en esos esquemas con 8 mil 407 millones, y el sector privado se benefició con la participación de recursos públicos por mil 230 millones de pesos, de tal manera que se desconoce en cada rubro cual fue en detalle el destino final en cada caso y en que se benefició a la sociedad mexicana.

Añade que el grado de opacidad en la operación de esa gran cantidad de dinero ha buscado como marco de protección lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, disposiciones que en una indebida interpretación concede a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la posibilidad de evadir responsabilidad al momento de la revisión y la fiscalización de recursos públicos.

El senador por Michoacán agregó que los "actos jurídicos sin estructura" con los montos más elevados durante el ejercicio fiscal 2011 de los que se tiene conocimiento, fueron los siguientes:
En el capítulo de infraestructura pública (con 79 mil 898 millones 800 mil pesos), la SHCP manejó el fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) por un monto de 48 mil 176 millones 500 mil pesos; el fideicomiso para administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, con 17 mil 688 millones 100 mil pesos; el fideicomiso Programa de mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, con 2 mil 856 millones 100 mil pesos.

Luego de mencionar varias cifras más, Chon Orihuela dejó en claro que los senadores del PRI están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo tanto, apoyan no solamente todas las acciones que contribuyan a las mismas. En este orden de cosas en el ejercicio de los recursos públicos, de tal manera que la transparencia es la principal herramienta para combatir la corrupción y la opacidad, fomentando la rendición de cuentas a los ciudadanos.

Finalmente dijo que es su responsabilidad construir mecanismos para lograr que el gobierno difunda la información pública a los ciudadanos, propicie bases de datos para la evaluación y fiscalización, para evitar que se haga mal uso del patrimonio que es de todos los mexicanos.