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lunes, noviembre 05, 2012
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Los pasos del EPR en Michoacan

columnista

Por Julio Santoyo Guerrero

El 1 de mayo luego de la publicación de un comunicado por un grupo armado,el gobernador Fausto Vallejo y ante las actividades violentas desarrolladas por miembros de las casas del estudiante agrupadas en la CUL,declaró que atrás de ellos estaban el EPR (Ejército Popular Revolucionario). La afirmación, viniendo de quien tiene la responsabilidad de gobernar al estado, hace suponer el conocimiento de información proveniente de los órganos de seguridad que tiene el Estado mexicano. La aseveración no ha sido desmentida.

Lo cierto es que el interés político del EPR por Michoacán se ha hecho notar en la profusión de comunicados que su “Comandancia de Zona” ha dirigido a lapoblación en los últimos meses y en artículos publicados en su revista“El Insurgente”. El 24 de septiembre del 2008, 9 días después de los atentados de la noche del 15 de septiembre en Morelia,puso en circulación un comunicado con el cual se deslindaba de los sucesos y en el mismo afirmaba que “es una represalia y provocación al gobierno del maestro Godoy, por solidarizarse en la exigencia al gobierno federal de la presentación con vida de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes … (y decían)el fenómeno de la delincuencia organizada es generado por y para beneficio del Estado y los diferentes grupos de poder económico y político que se disputan la hegemonía para garantizar sus intereses.” Más allá de la visión delirante en torno a la cuestión del narco, era evidente que la actuación del EPR ya comprendía al estado de Michoacán. Su expresa solidaridad al entonces gobernador Leonel Godoy no era el único propósito de su mensaje, lo era el poner a salvo a sus seguidores de las pesquisas que el estado mexicano desarrollaba ante uno de los acontecimientos más ominosos y bárbaros perpetrados contra ciudadanos inermes.

Con 48 años de existencia -así reconocidos por el propio EPR-, es identificado como uno de los grupos de riesgo para la seguridad nacional. “Para agosto de 2005 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) reconocía que en el territorio mexicano cinco grupos armados pueden afectar la paz social y la seguridad nacional: encabezados por el EPR y sus cuatro escisiones: Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPL), Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Ejército Villista Revolucionario del Pueblo(EVRP), y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).” (México Armado. Castellanos, Laura. P.332). En junio del 2009, en el marco de la visita realizada por el presidente Calderón al mandatario estadounidense Barak Obama se dio a conocer que en el informe RAND (Research and Developement Corporation), se hacía referencia al EPR que “es una guerrilla marxista (que) podría causar trastornos y desafiar al gobierno mexicano.” Ya para junio del 2011, Guillermo Valdés entonces titular del Cisen, reconocíaque “en el Cisen vemos como amenazas a la seguridad nacional la delincuencia organizada, el terrorismo, los grupos armados como el EPR (y) la ciberseguridad…”

De la intensa actividad propagandística desarrollada por el EPR en Michoacán se infiere que su influencia política y organizativa se ha incrementado. Si tiene una “Comandancia de Zona”, la que firma los comunicados, es obvio suponer que ha desarrollado una estructura tanto en ejército armado como en reclutamiento y penetración en algunos movimientos sociales.Esa es la razón por la cual en su publicación nacional le ha dedicado artículos a fenómenos sociales muy localizados como el de la Nueva Jerusalén (“Fanatismo religioso y manipulación mediática”o “Michoacán: nuevo código penal del estado, oficioso y prooligárquico” (“El Insurgente”, 142).

La presencia del EPR hace suponer que habría encontrado condiciones propicias en Michoacán para desarrollar su trabajo de reclutamiento, organización, formación de cuadros y dirección de la movilización social. La beligerancia social y política de organizaciones estudiantiles, magisteriales, indígenas, campesinas y precaristas urbanos -algunos de ellos de tradición radical-, serían un excelente caldo de cultivo para ofrecer la vía de las armas como la alternativa para el cambio.

Luego del desalojo de los normalistas la madrugada del 15 de febrero el gobernador Fausto Vallejo no tuvo necesidad de traer a escena al EPR. Fue el propio EPR quien tronópúblicamente reaccionando con inusitada rapidez, misma que no mostró cuando en mayo del 2007 fueron detenidos dos de sus dirigentes nacionales en Oaxaca Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (hermanomenor del máximo dirigente eperrista Tiburcio Cruz Sánchez). Publicó un enérgico comunicado “desde algún lugar de Michoacán” en el cual se va contra los empresarios michoacanos a quienes tildan de “bandidos de camisa almidonada”, contra los “monopolios de la comunicación” e incluso contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos a quienes hacen “corresponsables de la represión”. Si está probada la presencia del EPR en las dirigencias radicales de algunos movimientos sociales es asunto que sólo conocen los servicios de inteligencia. Lo que sí es cierto es que algunas recomendaciones tácticas del EPR se corresponden con ciertas actuaciones radicales. En el número 142 de “El Insurgente” se publica el artículo “La lucha anticapitalista, la necesidad de la autodefensa de las masas y la lucha por el socialismo” en el cual hay una afirmación reveladora “…constituye … un error conducir la protesta popular bajo las formas tradicionales burguesas de hacer política. La lucha y la protesta social pierden su filo y su esencia cuando son acotadas por las formas burguesas de hacer política.”

El único antecedente oficial que relaciona al EPR con una organización social legal lo generó -a través de filtraciones- Eduardo Medina Mora en sus tiempos de Procurador General de la República y quien antes fuera director del Cisen. Afirmaba que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) era una “fachada del EPR”.

En respuesta el FNLS ha acusado (Proceso del 23 de mayo de 2012), que sufre la persecución de elementos del Ejército Mexicano. Refirieron “que el acoso militar se inició después de los hechos ocurridos en la Universidad Michoacana en los que apoyaron abiertamente a la Coordinadora de Universitarios en Lucha.” Pero ya antes el 21 de enero de 2012 el FNLS en Veracruz, Huasteca y Sierra Oriental denunciaban que “el aparato de inteligencia del Estado mexicano (Cisen, e inteligencia militar) nos han estado dando seguimiento … en nuestras actividades políticas-organizativas…” Un dato singular es que siendo un movimiento legal tengan-inusualmente- un equipo de contrainteligencia tan eficaz que puede detectar tanto al Cisen como a la inteligencia militar. El vínculo público -solo casual-, que los relaciona con el EPR es la defensa casi exclusiva que hacen de militantes detenidos de esa organización. Desde su nacimiento el FSLN, en contraste, no reivindicó la libertad de Gloria Arenas Agis y su esposo Jacobo Silva Nogales (ya en libertad), mandos del ERPI, escisión del EPR. El ERPI acusaba al EPR de haber emitido “sentencia de muerte” contra el comandante “Antonio” (Jacobo) y en comunicado del 19 de junio del 2009 denunciaban los métodos “autoritarios” y “violentos” con que tratan a la disidencia: la ejecución.¿El FNLS era sabedor de esta aguda diferencia?
A los graves problemas de inseguridad que vive Michoacán habrá de sumarse ahora la actuación del EPR, que es visto en el tablero del Plan de Seguridad Nacional 2010-2012 como objetivo en la “recuperación” de territorios controlados por el narcotráfico y por la guerrilla. Condición que no cambiará el gobierno de Enrique Peña Nieto por ser un tema básico de la seguridad nacional.

La heredada debilidad financiera del gobierno michoacano que hace imposible la atención a las demandas sociales que por años se otorgaba, la división del grupo gobernante, la rijosidad del perredismo desplazado del gobierno, el relativo abandono de la clase política michoacana legal para afianzar y profundizar las vías democráticas y las instituciones, el desconocimiento de ciertos sectores a Enrique Peña Nieto como presidente electo, son factores que contribuyen a generar una coyuntura que pudiera dar cierta oportunidad al discurso de las armas. Sin embargo,la mayoría de los michoacanos no querrán verse a la mitad de una guerra civil, con pueblos incendiados, fuerzas productivas destruidas, presenciar y sufrir la muerte de quienes aman o con quienes conviven. Pero es cierto que habrá quienes hagan caso a tales llamados. Llamados que en este crítico noviembre podrían intensificarse.

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