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lunes, diciembre 17, 2012
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El quilombo de las viudas... Por Jose Martinez

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Por Jose Martinez


La disputa entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el Grupo Clarín que encabeza Ernestina Herrera de Noble tiene todos los ingredientes de un tango. Ambas son viudas y son mujeres de mucho poder. La presidenta Cristina Fernández es la viuda del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, y la empresaria Ernestina Herrera es la viuda de Roberto Noble, fundador del Diario Clarín.

Ambas mujeres protagonizan una encarnizada pugna de poder. La señora Herrera de Noble asumió la dirección del Diario Clarín en el año 1969, tras la muerte de su esposo y la presidenta Cristina Fernández heredó –hace no tanto tiempo– el poder de su marido.

Las dos han estado bajo los reflectores de un auténtico quilombo, es decir una feroz disputa que arrastra al país hacia un caos político, pues la disputa ha involucrado y confrontado a los poderes del Estado.

A sus 87 años la poderosa presidenta del Grupo Clarín ha dejado muy en claro que tiene las fuerzas para dar la batalla a un gobierno al que ha señalado de estar detrás de una cadena de innumerables ataques en contra del que es el grupo mediático más influyente en la sociedad argentina.

En contraste la popularidad de la presidenta Cristina Fernández ha experimentado una abrupta caída que los analistas atribuyen en gran parte, a su aislamiento de la realidad en que viven los argentinos.

Una encuesta de la consultora Magament & Fit, indica que el 42% de los ciudadanos tiene un buen concepto de la jefa del gobierno. Pero del otro lado, para el 54% por ciento su imagen es regular o francamente mala.

Cabe recordar que en los días previos y posteriores a los comicios de octubre del 2011, Cristina Fernández había batido un récord histórico al superar el 63% de aceptación, consagrándose como la presidenta más popular en la historia, después del legendario Juan Domingo Perón. La sucesora y viuda de Néstor Kirchner ganó esas elecciones con más del 54% del sufragio y al tenor de la aplastante victoria, algunos de sus adeptos hablaron de reformar la Constitución a fin de habilitarla para un tercer período en la Casa Rosada.

La consigna de “Cristina para siempre” comenzó a resquebrajarse a finales de diciembre del 2011, cuando decidió reducir el subsidio al suministro de gas y de energía eléctrica, como también los aportes al transporte público. De un día para el otro, los que habían comprado televisores, autos y electrodomésticos, aprovechando el carnaval de ofertas del período preelectoral, hallaron que tendrían que ajustarse el cinturón. El supuesto escándalo de corrupción que comprometía al vicepresidente Amado Boudou, sumado a las tareas de espionaje político que realizaba la Gendarmería, a instancias del gobierno, agrietaron el pedestal en que se alzaba la presidenta.

La tragedia de la presidenta se acentuó con el enfrentamiento y la disputa ante el Grupo Clarín.

Como se sabe durante la presidencia de Cristina Kirchner se debatió y aprobó por sectores oficialistas y opositores la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza a la antigua Ley de Radiodifusión 22.285 creada por la última dictadura. Este proyecto había sido una de las plataformas electorales de ambos gobiernos kirchneristas. Actualmente la ley tiene suspendido judicialmente el artículo 161, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, pasado 6 de diciembre.

Argentina se encuentra en plena migración hacia la televisión digital abierta y esto, junto a la nueva ley de medios audiovisuales, dio como resultado la multiplicación de la cantidad de señales audiovisuales y espacios relacionados a la creación estatal de contenido y demás, principalmente en el interior del país, donde se aún se consumen productos de la televisión manejada y controlada por el Grupo Clarín.

Otros aspectos que resaltan son la aparición de varios nuevos diarios de tirada nacional alentados desde el gobierno y la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público, tema vinculado a la libertad de expresión y la libertad de prensa.

En medio de la disputa entre la presidenta Cristina Fernández y la señora Ernestina Herrera, presidenta del Grupo Clarín con motivo de la Ley de Medios, ha llamado la atención la venta de las acciones que Goldman Sachs mantenía en el Grupo Clarín y que representaban 9% del total, la transferencia se hizo al multimillonario norteamericano Ralph H. Booth quien ostenta varios títulos de la Universidad de Harvard.

A muchos les sorprendió esta decisión la inversora Goldman Sachs luego de 13 años de haber ingresado al capital del mayor conglomerado de medios de la Argentina. El 9,11% de estas acciones pasó a poder de Ralph H. Booth quien participa en el directorio de varias empresas internacionales ligadas al negocio de la Televisión por cable tanto en Estados Unido como en el Reino Unido y otros países europeos. Entre las inversiones de Booth se encuentran empresas del sector como SQLstream; B/G Communications; Diveo Broadband Networks;, Everyday Solutions; Parkmobile y GPX Enterprises, entre otros. Es también socio de la familia Ford en varias inversiones.

En cuanto a la confrontación de estas mujeres empoderadas, que bien podrían ser personajes de Simone de Beauvoir (“No pretendo que las mujeres tengan poder sobre los hombres sino poder sobre sí mismas”)

Un día sí y otro también protagonizan nuevos episodios que mantienen en vilo a los argentinos.

El Grupo Clarín ha hecho del conocimiento público los agravios de que ha sido víctima ante los excesos del poder político.

En uno de sus comunicados el Grupo Clarín hizo notar que “desde hace tiempo, los medios de comunicación no oficiales son el centro de una ofensiva gubernamental inédita, que en estos últimos tres años suma nada menos que 269 medidas, ataques, bloqueos, iniciativas y falsas denuncias contra el Grupo Clarín.

“Los reiterados ataques contra periodistas y medios de prensa que desde hace años se registran en la Argentina no parecen tener otro objetivo que el de ir estigmatizando y socavando la legitimidad de todas aquellas voces que no se alinean con la «agenda» y el «relato» oficiales. El Grupo Clarín, sus periodistas y directivos vienen siendo uno de los principales blancos de esta ofensiva que exhibe, entre otros: Denuncias sin sustento, bloqueo a plantas de distribución, Escraches e intimidaciones, afiches y pasquines, operativos intimidatorios, sanciones y medidas directas.

Fue así que la víspera de la prorroga a favor de Grupo Clarín por el Poder Judicial el pasado 6 de diciembre, el grupo mediático emitió el siguiente comunicado con fecha del miércoles, 28 de Noviembre de 2012:

El Grupo Clarín no denuncia penalmente a periodistas.

Mucho menos los quiere hacer callar.

La mejor prueba es la brutal campaña de hostigamiento que vivimos hace 5 años, financiada por el Gobierno.

De ella son parte periodistas dedicados casi exclusivamente a difamarnos. Todos los días.

Y jamás hemos realizado una acción penal contra ninguno de ellos.

Lo que hicimos la semana pasada fue ir a la Justicia, no para objetar opiniones, sino para prevenir hechos de violencia promovidos por actores gubernamentales.

En los últimos dos meses se nos acusó de atentar contra la democracia, de estar detrás de los reclamos de Gendarmería y Prefectura, y hasta del secuestro de Alfonso Severo, entre muchas otras cosas.

Organizaciones ligadas al Gobierno amenazaron con venir a las puertas de nuestros medios. Incitando a la violencia, con impredecibles consecuencias.

Le pedimos a la Justicia que investigara esos exabruptos y amenazas.

Cuando relatamos los hechos, mencionamos a algunos periodistas que los habían difundido.

No para imputarlos, sino para ver si podían aportar datos sobre estas acusaciones.

Pero no quedó claro. Se pensó que queríamos responsabilizarlos a ellos por los hechos de otros.

Por eso ayer aclaramos que los periodistas fueron mencionados sólo como potenciales testigos.

Y hoy, además, desistimos de proponerlos incluso como testigos, para que nadie pueda malinterpretar ese hecho o sentirse intimidado.

El Grupo Clarín nunca criminalizó ni criminalizará periodistas.

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