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jueves, septiembre 19, 2013
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¿Acuerdo o deber constitucional?

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Por Julio Santoyo Guerrero 



La crisis de gobernabilidad que ha vivido Michoacán en los últimos meses será atacada con un pacto, el Acuerdo por Michoacán. A simple vista pareciera que este es el instrumento adecuado para encarar el problema, que es muy conveniente que las fuerzas políticas más importantes, las organizaciones empresariales, los ayuntamientos, algunas reconocidas instituciones educativas, coincidan en temas como la seguridad, el desarrollo económico, la educación, la recuperación de la confianza en Michoacán, y otros.

Sin embargo, la falta de capacidades y determinación para conducir al estado, que han sido las motivaciones de la crisis de gobernabilidad, no son un asunto que pueda resolver un pacto, un acuerdo. Se pactan grandes transformaciones que requieran del concurso de las fuerzas políticas y civiles porque deba reformarse el marco constitucional o expedirse nuevas leyes, o porque la beligerancia extrema de las fuerzas políticas deba ceder para dar paso a acuerdos que inauguren un nuevo orden político. Pero en el caso de El Acuerdo por Michoacán, que contiene los temas que el gobierno debe realizar por deber constitucional, es una exageración recurrir a la idea del pacto.

Es deber constitucional del estado mexicano y su gobierno garantizar la seguridad, la vida y propiedades de sus habitantes; es un deber constitucional del gobierno asegurar el derecho humano a la educación; es un deber constitucional del gobierno actuar con transparencia en el manejo de los recursos públicos; es un deber constitucional del gobierno promover el desarrollo y bienestar económico de sus ciudadanos. Los contenidos de El Acuerdo por Michoacán son en realidad los deberes del gobierno estatal, eso es lo que debe hacer y es lo que no está haciendo. ¿Para qué pedir la firma de los ciudadanos en un acuerdo por la seguridad si las facultades y recursos para atacarla las tiene el gobierno, y esa es su responsabilidad por ley?

Más bien, y esto lo entiende todo ciudadano preocupado por la vida política, que el acuerdo es el instrumento que el gobierno interino ha asumido para construir consenso y legitimidad sobre su mandato, un mandato cuestionado por no haberse derivado de las urnas y por no contar con el apoyo social. El acuerdo está cumpliendo una función estrictamente consensual entre la clase política michoacana para otorgarle fuerza al gobierno interino. Y está bien que el gobierno interino tenga fuerza, peor es tener un gobierno sin fortaleza alguna, pero para qué engañar a la sociedad en torno a un Acuerdo por Michoacán cuando en realidad se trata de un acuerdo para consensuar el ejercicio de un gobierno.

El acuerdo en realidad no toca a fondo los graves problemas que evidencian la falta de acción gubernamental. En materia de seguridad no hay metas precisas y el diagnóstico ha sido maquillado por las cúpulas empresariales en semanas pasadas al afirmar que hay avances importantes en la materia y el gobierno focaliza su estrategia en las autodefensas y guardias comunitarias, -reacciones, en su mayoría, legítimas a la inseguridad local-, y no en el ataque prioritario a las poderosas bandas de narcotraficantes que han asolado por años todo el territorio estatal y ante las cuales hay un silencio preocupante; en materia de educación una parte considerable de las escuelas no inició el ciclo escolar y tal derecho no existe para miles de niños en esa condición sin que estén pactados los acuerdos para el inicio o regreso al ciclo; no está explícitamente pactado el castigo a quienes defraudaron las finanzas públicas, más bien está abordado en términos que permiten un tratamiento permiso.

El pacto político que debería promover el gobierno michoacano es hacia adentro de su partido de procedencia. Ese pacto es importante porque no hay certeza absoluta con respecto a quién ejercerá, luego del presente interinato, el gobierno de Michoacán. Y esa incertidumbre motiva ingobernabilidad y alienta desde el priismo la anticipación, en extremo prematura, de la sucesión gubernamental y propicia el descuido de la administración del gobierno.

El gobierno debe cumplir con su deber constitucional, con eso basta y sobra para que Michoacán camine. Si necesita consenso, el consenso le vendrá de su actuación oportuna en los temas que la ciudadanía le ha reclamado. El acuerdo por Michoacán solo puede darle al Ejecutivo el relativo consenso de ciertas élites políticas estatales, para ganarse el consenso de los michoacanos necesita cumplir con su deber constitucional y para ello no hacen falta pactos, es cuestión de acciones.

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