Derecho y politica... Por Julio Santoyo

Por Julio Santoyo Guerrero

El derecho es el alma de una democracia. Sin él no es posible la democracia. Puede ocurrir que las normas de derecho no parezcan a todos justas. Mientras a un ciudadano una ley le puede parecer muy justa a otro le puede parecer lo contrario. En democracia la percepción de justicia de una ley está en permanente debate. La participación de la sociedad a través de los partidos políticos, los movimientos sociales y la ciudadanía, con todo y sus limitaciones, se expresa en estos espacios que la soberanía del país nos hemos dado a través del voto. Tenemos por fortuna vías democráticas institucionalizadas que nos permiten incidir en el debate de cuáles deben ser las leyes justas que apoyamos los mexicanos. La cultura democrática de la gran mayoría de los mexicanos otorga al voto libre y secreto el poder legítimo para promover el cambio de proyecto político y para la alternancia en el poder. Todo dentro del derecho.

Todo gobierno tiene la obligación constitucional de aplicar las leyes que la sociedad se ha dado a través de sus instituciones representativas. Nadie ha votado por un gobernante para que viole la ley, para que no la aplique. Eso sí, la conciencia ciudadana de este país avanza hacia la creación de mecanismos que obliguen a quienes gobiernan a que se conduzcan siempre en apego a la ley. No pretende la ciudadanía dar un sólo paso en sentido contrario para que los gobiernos, en lugar de ser gobiernos de leyes sean gobiernos de personas. Gobierno que no es de leyes y por las leyes, deja de ser pronto gobierno y poder. O se convierte en absolutista y tirano o se diluye en el caos y la pusilanimidad.

Ahora bien, si tenemos gobiernos que temen aplicar la ley es porque se perciben débiles. En la democracia mexicana hay gobiernos que resultaron de elecciones divididas en tercios o de procesos con impugnación social y que no lograron construir coaliciones que les permitieran ejercer el gobierno con el efecto mayoría que da una amplia alianza para gobernar. Pero la vía de conceder y negociar la ley es la peor vía para otorgar fuerza a cualquier gobierno.

Una sociedad democrática en la que no siempre se aplica la ley corre el riesgo de no aplicarla siempre y termina en los brazos del caos, termina concediéndose indebidamente el poder a grupos, de la naturaleza que sea, termina legitimando la ley de la selva, y el sálvese quien pueda, y desde luego alienta el autoritarismo. No es este el camino para fortalecer nuestra democracia ni las instituciones de un régimen que pretende serlo.

Si lo gobiernos temen aplicar la ley, como en el caso mexicano y michoacano, es porque temen que su fuerza sea tal que no alcance para afirmar su legitimidad a la hora de tomar la decisión y porque la fuerza electoral de la que proceden es endeble. Prefieren entonces poner por delante la negociación política, y proceden a negociar la impunidad como mercancía, concediéndoles a los infractores de la ley un espacio extralegal para que continúen chantajeando al gobierno que se siente débil.

La negociación política del derecho es deleznable, manda una desastroza señal a la sociedad, a la que condena a la postración y a la impotencia y alienta a cualquier vival a constituirse en poder fáctico para doblegar al gobierno e imponerle sus intereses, los que siempre tienen un elevado costo económico, político y moral para el propio gobierno, la sociedad y casi siempre para las finanzas públicas, que habrá que recordarlo siempre, son las finanzas de la sociedad.

Es una falacia argumentar que la aplicación de la ley es autoritarismo, como algunos pretenden, bajo la clara intención de victimizarse. Por lo contrario, aplicarla es el camino más cierto para evitar el autoritarismo, para atacar la impunidad y para dar certidumbre a toda la sociedad.

Cada vez que un gobierno negocia la ley y la subordina a la negociación política está contribuyendo a debilitar las instituciones democráticas de la república y está alentando a que toda fuerza, incluida la de las organizaciones criminales, se sientan impulsadas a actuar en contra de la sociedad. Los gobiernos que omiten la ley bajo el argumento del acuerdo político están faltando a su obligación primera que es la de hacer valer la constitución política de los mexicanos, y por esa razón deben ser enjuiciados políticamente, porque con su actuación están violando las leyes.

La gobernabilidad democrática jamás se alimentará exitosamente de la negociación de la ley, eso es un contrasentido. Adoptar un modelo de gobernabilidad con semejante componente, que haga permisiva la impunidad, significa destruir nuestra joven y vulnerable democracia, pero ante todo, representa la actuación de gobiernos que carecen de una estrategia proactiva de gobernabilidad, que soportada en la ley, genere vínculos de confianza y compromiso con todos los grupos de la sociedad para crear o fortalecer vías de derecho en la solución de cualquier conflicto.

Durante muchos años en Michoacán la gobernabilidad se ha ejercido bajo el principio de subordinar la ley a la negociación política, bajo el nada encomiable argumento de que con ello se evita la confrontación y se garantiza la estabilidad y la paz pública. Bajo esta premisa y dado que toda negociación política suponía la erogación de sumas millonarias para tener esa falsa paz social, los gobiernos irresponsablemente se endeudaron y metieron en crisis las finanzas públicas. Si no se obtuvo entonces mejor gobernabilidad menos se logró bajar los indicadores de pobreza o se incrementó el empleo, que siempre ha sido el argumento social legítimo de fondo.

En negociar la gobernabilidad los gobiernos gastaron cifras estratosféricas a cambio de nada. La “gratitud política” de los grupos sociales que doblaron a los gobiernos en turno la han demostrado año con año con un notable incremento de actos de violencia, vandalismo y agravios a toda la sociedad, la impunidad ha corrido a galope tendido. En Michoacán se incendian vehículos, se saquean propiedades, se golpea a civiles, se anula el derecho al libre tránsito de ciento de miles, todo en el nombre de reivindicaciones sociales y no hay por ello nadie castigado. Es decir, ese modelo de gobernabilidad no sirve para nada, los resultados son lo contrario de lo que se pretendía. Hoy tenemos más violencia, más vandalismo, más afectación al derecho de terceros, más impunidad, y menos gobernabilidad, menos seguridad y menos paz pública.

Es el tiempo de terminar con ese modelo de gobernabilidad que sólo ha dañado a los michoacanos y que no sirve para resolver de fondo nada. Debe quedar en la historia como el testimonio de lo que no debe hacerse en materia de gobernabilidad democrática. Es tiempo de que toda negociación política se subordine a la ley. Que toda demanda sea atendida siempre dentro de los marcos constitucionales y que toda violación a la ley sea castigada. La impunidad debe terminar para bien de todos los michoacanos.