Ciudadanizar la lucha anticrimen

Por Julio Santoyo Guerrero

Se ha cumplido un mes del arranque del Operativo Conjunto Michoacán. En razón de ello el vocero del gabinete de seguridad, Eduardo Sánchez, a modo de evaluación, presentó un informe en el que dijo, “comienza a tener avances”. Ilustró los avances con datos como los siguientes: la detención en el último mes de 43 delincuentes; el aseguramiento de 240 kilogramos de mariguana; el decomiso de 37 armas largas, 64 armas cortas y 208 cargadores para diferentes tipos de armas; también la incautación de cuatro mil 451 cartuchos de diversos calibres, 33 granadas y 17 vehículos; la recuperación de 34 vehículos robados; la destrucción de nueve plantíos de mariguana y un laboratorio clandestino. Ponderó como un evento extraordinario el que el Comisionado Nacional de Seguridad Pública Manuel Mondragón y Kalb haya disuadido a ciudadanos de Aguililla que pretendían conformarse en grupo de autodefensa.

Durante estos treinta días -no obstante que se habló de una estrategia integral de la que nunca se definió a detalle sus objetivos y prioridades-, ha quedado claro que la presencia masiva de militares y federales en la entidad, se ha reducido después de la recuperación de las carreteras bloqueadas, a una actuación presencial y social en las zonas considerados como focos rojos. Nada que ver con las declaraciones firmes y fuertes que el Secretario de Gobernación Osorio Chong diera el 21 de mayo en la ciudad de Morelia,no habrá "ni pacto, ni tregua con el crimen", o con la precisión discursiva del Secretario de la Defensa Nacional,Salvador Cienfuegos, “además de enfrentar y poner a disposición de un juez a los miembros de las organizaciones que han asolado la región durante mucho tiempo, (los militares) ayudarán a facilitar el abastecimiento y a recuperar centros de salud y escuelas”.

Para tan grandes propósitos los resultados presentados la semana pasada son menos que desalentadores. 43 detenidos y no se dice qué tipo de delincuentes son. Lo cierto es que entre esos no están los capos de los cárteles que tanto daño y dolor han causado a la ciudadanía. Las cifras no están contrastadas contra los datos de los meses previos al mes reportado. A simple vista el número de armas decomisadas y de droga incautada es bastante pequeño de frente a la magnitud del operativo y la fuerza militar y federal movilizada. Se indica el número de vehículo robados recuperados pero nada se dice de al menos una banda de robacoches desmantelada.

Nada se dijo tampoco del número de secuestros y extorsiones y mucho menos de los secuestradores y extorsionadores que deben ser detenidos y procesados. Nada le dijeron a la ciudadanía sobre el avance real contra las grandes organizaciones delincuenciales, los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, el Cartel Jalisco Nueva Generación, que son las organizaciones criminales públicamente identificadas como las responsables de mantener feudalizados y bajo el terror a amplios territorios del estado y literalmente esclavizada a la población de esas ciudades ypoblados.

Es del conocimiento público que en las zonas feudalizadas por los criminales ante la sola presencia social de federales y militares, las células delincuenciales sólo han cambiado su modo de operación. Han dejado de ser ostentosos en sus desplazamientos y en su protagonismo público, para pasar “desapercibidos” ante las fuerzas del gobierno, pero siguen aterrorizando, amenazando, cobrando extorsiones, secuestrando y lo más grave tratando de atacar y tomar todos los días los territorios que la ciudadanía recuperó. La paz no ha regresado.

En los hechos el Operativo Conjunto prioriza el maquillaje mediático, propaganda sobre las carreteras despejadas, sobre el trabajo social con algunas comunidades, sobre la apertura y mejora de ciertos caminos vecinales, pero hasta ahora no ha tocado los nidos de las serpientes. La presencia federal los ha obligado a modificar su operación criminal pero no los ha molestado en sus santuarios ni en sus estructuras. Hasta ahora no se ha hecho nada para destruir sus redes financieras y de corrupción; nada se ha hecho para desmontar las estructuras locales de operación que golpean a la población. La recuperación de los territorios es artificial, no está consolidada. Los capos esperan cualquier coyuntura, el retiro o disminución de la tropa, el agravamiento de la crisis política del estado y de la región, el desarme de los civiles como resultado de la prioridad del operativo, o el incremento competitivo de carteles rivales, para retomar inmediatamente el control.

Esta estrategia de inhibición coyuntural, que deja intactos a los criminales, es altamente riesgosa, puede desembocar en un baño de sangre en el momento en que la estrategia decida ser rebasada por el poder soberbio de los capos. Si los militares “se la pasan acuartelados y negándose a ir sobre los delincuentes”, como lo denuncian los presidentes municipales de Coalcomán y Chinicuila, entonces el operativo está fracasando. En esas condicioneslos capos no perdonarán, ni a militares, ni menos a los ciudadanos inermes, ya desarmados. Eso lo dice la inobjetable experiencia de los años previos.

El Operativo Conjunto debe cambiar la estrategia. Para recuperar la paz y el desarrollo de Michoacán debe darse una condición esencial: la destrucción y derrota de los carteles de criminales. El próximo mes nos deben informar de cuántos capos han sido encarcelados y cuántos cárteles han sido destruidos. En ese momento la ciudadanía creerá que el Operativo está avanzando, antes no.

A la estrategia anticrimen le hace falta un componente decisivo: la participación y el impulso de las iniciativas ciudadanas en cada localidad. No hay localidad del estado que el crimen haya agraviado que no esté dispuesta a la participación. En muchas de ellas la ciudadanía ya está participando con un alto perfil, prácticamente han tomado la seguridad en sus manos. Es preciso que el gobierno no inhiba o desmonte estos brotes organizativos, debe por el contrario alentarlos y facilitarles su actuación dentro del marco de la ley y bajo el principio ético del derecho a la vida. La ciudadanización debe ser un componente del operativo. Al conjunto de gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, le hace falta el elemento ciudadanía. Para que la estrategia se efectiva además de soldados, marinos, federales y policías estatales y municipales, le falta el actor ciudadano.

El trazo de acciones anticrimen en cada municipio y localidad debe contar con la participación ciudadana y deben los ciudadanos participar también en su evaluación. Es la mejor manera de rehacer los vínculos de confianza tan deteriorados, es la mejor manera de hacer fuertes a las comunidades, es la mejor manera de aislar a la delincuencia. Y los ciudadanos no debiéramos de esperar al gobierno, el mejor camino que nos queda es el de organizarnos y tomar en nuestras manos la agenda de seguridad de nuestros pueblos, calles, barrios y rancherías, siempre dentro de la ley, y siempre exigiendo al gobierno que cumpla su obligación primigenia, la de garantizar nuestras vidas, propiedades y libertades.