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viernes, diciembre 23, 2011
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Acteal: sinonimo de genocidio #Chiapas





Francisco RIVAS LINARES


¡Ay! ¡Si tuviera la lengua experta del profeta
y palabras de fuego para hendir corazones!
¿Cómo hacer que se sienta el dolor de este pueblo?
Rafael Landerreche


La mañana del 22 de diciembre de 1997, el grupo paramilitar “Máscara Roja” irrumpió en la comunidad de Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas para masacrar a 21 mujeres (cuatro de ellas con embarazo), 9 varones y 15 niños desplazados de la comunidad de Las Abejas y quienes se encontraban orando por la paz.

Eran las 10:30 horas cuando rompió el silencio las primeras ráfagas de alto calibre. La dispersión de los orantes se hizo en tres direcciones: el arroyo, la escuela y la selva tropical. Inútilmente. La muerte les alcanzó quedando la siembra de cadáveres.

(“Las balas se veían como agua. Más abajito hay un lugar para esconderse. Ahí fuimos, pero se veían como los tiros pasaban, levantando la tierra donde pegaba. Los niños hacían mucho ruido, todos estaban llorando. Fue cuando nos escucharon y los agresores fueron donde estábamos. Fue cuando nos empezaron a disparar por parejo todos los que estábamos ahí. Nos mataron a todos. Yo me salvé porque me escondí en un barranco con mi hermanito”. Sra. Catalina Jiménez Luna. Testigo. “Acteal, entre el duelo y la lucha”.

En el contexto de la contrainsurgencia implementada por el gobierno federal de Ernesto Zedillo, la masacre constituyó el punto crítico de una guerra de baja intensidad que se instaló doce días después del 1º de enero de 1994, a partir de una estrategia diseñada por el general Miguel Ángel Godínez y contenida en el Plan de Campaña Chiapas 1994 y en el que se consideraba el “adiestramiento, asesoramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa y otras organizaciones paramilitares”, además de operaciones de control de la población.

La campaña militar estuvo al mando del general Mario Renán Castillo, quien inspirado en los boinas verdes que operaron en la guerra de Vietnam y los kaibiles de Guatemala, reclutó y capacitó a indígenas para operar desde las entrañas mismas de los grupos indígenas.

Sofocar por la fuerza y de manera intencional, sin importar los costos en víctimas inocentes, fue el principio rector de las fuerzas armadas. Al efecto, el general Castillo aplicó el Manual de guerra irregular, operaciones de contraguerrilla y restauración del orden, cuya autoría se atribuye a la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Para matizar la tragedia, los gobiernos estatal y federal lo redujeron a un conflicto entre comunidades indígenas por diferencias religiosas o políticas. En los medios de comunicación se exponían descripciones “a modo” distorsionando los acontecimientos y mutilando la información, previa alteración del escenario y el intento de desaparecer los cadáveres.

Desplegados y boletines hipócritas abundaron. Todos evadían cobardemente la responsabilidad en esta acción genocida. Sin embargo cuatro nombres resultan indelebles para la memoria histórica: El general Mario Renán Castillo, el gobernador Julio César Ruiz Ferro, el secretario de gobernación Emilio Chuayffet y el propio Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

A catorce años de estos hechos sangrientos, la impunidad sigue prevaleciendo a favor de los grupos paramilitares. Instrumentos protegidos por la oficialidad, siguen actuando con la puerta abierta al margen de los ámbitos de la justicia. Entre tanto, el mensaje postrero zedillista aún lo repiten los ecos de la selva lacandona: “Prefiero pasar a la historia como represor antes que cumplir los acuerdos con el EZLN”.

Concluyo citando al escritor José Blanco: “No sabemos quiénes son los asesinos; ni los que usaron las armas ni los asesinos intelectuales. Nuevamente la impunidad reina. Se solicitan nuevas investigaciones para dar con los verdaderos asesinos. Acaso el proceso se reinicie alguna vez en algún punto. En tanto, la oligarquía local, la clase política que le sirve, los grupos paramilitares –carne de cañón indígena- continúan reinando como grupos dominantes que son, apoyados por instituciones federales, si la política así lo demanda, y los indígenas continúan su historia de explotación, de miseria, de desprecio, de discriminación y de muerte”.

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