Congreso del Estado conforma comisiones y comites legislativos

26/01/2012.- A fin de desempeñar las atribuciones legislativas, administrativas, de fiscalización e investigación del Congreso local, así como la pluralidad de éste, los diputados de la LXXII Legislatura constituyeron las comisiones y comités legislativos, las cuales contarán con un mínimo de tres y un máximo de cinco diputados, presididas por el primero de los nombrados.

El Pleno, constituyó, igualmente, los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN), así como la representatividad de los Partidos del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM).

Para tales efectos, los diputados Salvador Galván Infante y Daniela de Los Santos Torres fueron nombrados coordinador y vicecoordinadora, respectivamente, de la fracción del PRI; Fidel Calderón Torreblanca y Silvia Estrada Esquivel, como coordinador y vicecoordinadora del PRD; así como Alfonso Jesús Martínez Alcázar y Bertha Ligia López Aceves, en los mismos cargos por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La representatividad de los partidos minoritarios se conformó con Reginaldo Sandoval Flores del PT y César Morales Gaytán del PVEM.

El presidente de la Mesa Directiva, Víctor Manuel SiIva Tejeda, informó al Pleno la conformación de la Junta de Coordinación Política, a quedar integrada por los legisladores Fidel Calderón Torreblanca, Salvador Galván Infante, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Víctor Manuel Silva Tejeda y Reginaldo Sandoval Flores, para los efectos conducentes.

Además, presentó la comunicación a través de la cual la Presidencia de la Mesa Directiva remitió invitación a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como a los ayuntamientos y órganos autónomos constitucionales de la entidad, a efecto de que remitan sus propuestas para ser consideradas en la integración de la Agenda Legislativa que establecerá el programa de trabajo de la Septuagésima Segunda Legislatura.

En otro punto del orden del día, los diputados Marco Polo Aguirre y Selene Lucía Vázquez Alatorre fueron designados como representantes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.

Para la representatividad del Poder Legislativo ante el Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, José Sebastián Naranjo Blanco, Rigel Macías Hernández y Eduardo Orihuela Estefan fueron electos por el Pleno del Congreso.

La Junta de Coordinación Política presentó propuesta de acuerdo que contiene el Programa Anual de Control, Evaluación y Auditorías para el año 2012.

Así, se da cumplimiento a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso que estipula que para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de sus atribuciones y la atención eficiente de las necesidades administrativas y financieras, tiene como Órgano Técnico a la Contraloría Interna, a través de la cual se deberá evaluar y determinar a través de las auditorías, si el ejercicio del presupuesto de egresos, así como el de los recursos humanos, materiales y financieros asignados al Congreso, se ejecutan de conformidad y con apego a la normatividad.

El titular del Poder Ejecutivo solicitó al Pleno del Congreso autorización para desincorporar inmuebles ubicados en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas y Coalcomán. Tales solicitudes fueron turnadas a comisiones para su estudio, análisis y dictamen.

Con la finalidad de replantear y consolidad los objetivos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, la diputada Cristina Portillo Ayala presentó iniciativa de decreto por el que se adicionan, modifican o reforman diversos artículos a dicho marco legal.

Esta iniciativa fortalece diversas disposiciones en materia de órdenes de protección, aún una utopía jurídica para las mujeres en la entidad, consideró; pero además se robustecen y clarifican las facultades de las instituciones operadoras jurídicas de la ley y de los instrumentos a su alcance.

Resulta urgente que los poderes del estado asuman la responsabilidad para establecer o vincular sanciones de carácter administrativo y penal; definir competencias; crear jurisdicciones específicas, capacitación y especialización para las autoridades responsables de aplicar la ley, entre otros.