Michoacan se esta convirtiendo en un perverso sinonimo de procrastinacion



Por Dr. Horacio Erik Avilés Martínez


Las finanzas michoacanas han sufrido incrementos estratosféricas durante los últimos diez años. El endeudamiento estatal está, según las cifras oficiales, próximo a los 16 mil millones de pesos y las obligaciones contraídas con grupos fácticos son ingentes. Basta leer las minutas firmadas por el gobierno de Leonel Godoy Rangel con la disidencia magisterial representada por la CNTE para darnos cuenta de que mantener el ritmo de entrega de más de doscientas plazas de manera discrecional, así como la asignación automática de un empleo de base a los egresados de las escuelas normales estatales, combinado con el sistema de pensiones, añade un cargo fijo al erario que impedirá en la misma proporción la inyección de recursos a actividades económicamente productivas.

En estos últimos meses, hablar de Michoacán se está convirtiendo en un perverso sinónimo de procrastinación de las responsabilidades financieras.

Es un hecho que en el mejor de los casos nuestros gobernantes se dejaron seducir por la pulsión por sobreejercer, de sentirse benefactores con dinero público, pasión difícil de equilibrar con el uso responsable de los recursos públicos. Un paternalismo mal entendido es el que ahora tiene a Michoacán en plena bancarrota.

En este cuatrienio el ensueño se disipó, ya que la realidad nos parece indicar que fuimos gobernados por una variedad de Reyes Magos que gastaron de más nuestros impuestos para regalarnos lo que no pedimos, endosando la factura a nuestros hijos, ya que ahora nos dejarán endeudados por décadas.

Una restructuración de la deuda es trocar nuestro bienestar presente por el invierno financiero que habrá de vivir la próxima generación, dado que no está demostrado que haya sido aplicado el sobreejercicio en el gasto de inversión.

A pesar del enorme gasto ejercido durante estos últimos años, lamentablemente no están presentes las condiciones estructurales para convertir a Michoacán en una entidad competitiva, ya que de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en el 2011 Michoacán cayó al lugar 26 en la clasificación estatal, lo cual no habla de que los esfuerzos realizados por todos los michoacanos sean los más óptimos.

Hay que subrayarlo: la deuda pública que inopinadamente se nos heredó no es solamente financiera, sino también social, de combate a la pobreza y educativa. ¿Cómo les decimos a los jóvenes expulsados por centenas de miles que habrán de restructurar su plan de vida porque en el corto plazo es imposible que la cobertura educativa les atienda sus necesidades educativas? ¿Cómo decirles a los 305 mil 178 analfabetas que deberán de esperar años y años para que el gobierno les enseñe a comprender mejor el castellano?

Si no hay cuentas claras, los perpetradores de este dispendio deberán también de restructurar sus ambiciones políticas, porque la ciudadanía michoacana está en un punto de inflexión en la que deberá señalar los errores que se cometan.

Si la voluntad de dejar las finanzas sanas hubiera sido mayor, se habría actuado en consecuencia en su momento, generando ahorro, compras verdes, esquemas de coinversión, se hubieran bajado recursos de organizaciones internacionales, se hubiera no habría necesidad de continuar hipotecando el futuro económico de nuestra entidad.

Los michoacanos debemos de exigir cuentas, ya no es posible que continuemos esperando que se nos informe discrecionalmente. Un observatorio ciudadano financiero, con representación amplia de los sectores académico, social y empresarial permitirá rápidamente dirimir las causas del endeudamiento.
En meses recientes, el Gobierno del Estado se estuvo apalancando con dinero que estaba etiquetado para pagar salarios ya devengados. ¿Los intereses de estos forzados préstamos quién los cobró?

Es momento de que en Michoacán se formule y apruebe una Ley de Deuda Pública que incluya candados mucho más rigurosos. No puede ser posible que se rindan cuentas detalladas solamente para pedir más. Por ellos, es una exigencia social desde hace muchos años articular un consejo ciudadano para vigilar, decidir y transparentar el origen, aplicación y seguimiento de los recursos financieros de la entidad.

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