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martes, septiembre 25, 2012
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Pemex, el origen del problema

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Dakar, Senegal 25 de septiembre 2o12.-
Trafigura, la empresa multinacional que está detrás del vertido de residuos tóxicos realizado en Abiyán, Costa de Marfil, en 2006, por el que más de 100,000 personas tuvieron que solicitar asistencia médica, debe ser objeto de una investigación criminal en Reino Unido; señalaron Amnistía Internacional y Greenpeace en las conclusiones del informe The Toxic Truth publicado hoy.

El documento es el resultado de tres años de investigación y en él se examina a profundidad la trágica letanía de errores que provocaron aquella catástrofe sanitaria, política y medioambiental. En él se describe con detalle el incumplimiento de la legislación vigente destinada a evitar tales tragedias cuando varios gobiernos no impidieron el avance del Probo Koala y su tóxico cargamento hacia Abiyán.

El cargamento del Probo Koala era gasolina mexicana, que fue vendida al extranjero por Petróleos Mexicanos, a través del PMI, que es su brazo comercial en el mercado internacional (2). Esta gasolina contenía elevadas concentraciones de azufre. (Ver capítulos 2,6,7 del documento “The Toxic Truth”).

En el informe se cuestiona también la legalidad de un acuerdo alcanzado en Costa de Marfil por el que Trafigura evitó ser procesada por su responsabilidad en el vertido de los residuos tóxicos. El informe arroja más luz sobre las demoledoras consecuencias del vertido tóxico a través de entrevistas tanto con las víctimas del vertido como con los médicos que las asistieron.

“Han pasado seis años desde que se permitió que tuviera lugar esta horrible tragedia –ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional–. Ya es hora de que se obligue a Trafigura a responder plenamente ante los tribunales por lo sucedido. A la población de Abiyán no sólo le falló su gobierno, sino también los gobiernos europeos que no hicieron cumplir su propia legislación. Todavía hay víctimas en espera de obtener justicia, y no existen garantías de que no vuelva a cometerse un delito empresarial de esta índole.”

“Este es un caso de delito empresarial, de abuso contra los derechos humanos y de inacción de los gobiernos para proteger a la población y el medio ambiente. Es un caso que pone de manifiesto el fracaso de los sistemas de aplicación del derecho internacional a la hora de vigilar a las empresas que realizan operaciones transnacionales, y también evidencia cómo una empresa se ha aprovechado al máximo de lagunas e imprecisiones jurídicas y jurisdiccionales, con terribles consecuencias –ha señalado el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo–. No es demasiado tarde para que se haga justicia, para que la población de Abiyán reciba información completa sobre el vertido y para que Trafigura pague por sus crímenes. Sólo entonces será posible esperar que nunca se repita una catástrofe de estas características.”

Los residuos se llevaron inicialmente a Países Bajos, pero Trafigura descartó la posibilidad de que fueran procesados correctamente allí porque el precio le pareció demasiado elevado. A pesar de los motivos de preocupación que suscitaban estos desechos, las autoridades neerlandesas permitieron que salieran de su territorio, lo que supone una grave violación de las obligaciones jurídicas de Países Bajos.

En 2007, el gobierno de Costa de Marfil llegó a un acuerdo fuera de los tribunales por el que Trafigura obtuvo inmunidad frente al procesamiento. En una demanda civil presentada en Reino Unido en nombre de algunas de las víctimas, Trafigura llegó a otro acuerdo en el que no admitía ninguna responsabilidad. Un tribunal neerlandés declaró a la empresa culpable de exportar ilegalmente los residuos desde Países Bajos, pero la fiscalía decidió no considerar los acontecimientos posteriores en Abiyán ni los efectos del vertido en la salud de las personas.

“No conocemos los hechos –afirma Genevieve Diallo, quien reside cerca de uno de los vertederos de Abiyán–. Los responsables deben ser castigados. Los verdaderos culpables han quedado sin castigo.”

El informe contiene asimismo recomendaciones completas a la comunidad internacional sobre la manera de impedir que se repita una tragedia como esta. Esto incluye directrices claras para conseguir que las empresas que realizan operaciones transnacionales no puedan eludir la plena rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos y contra el medio ambiente.

El gobierno británico debe poner en marcha una investigación criminal sobre el papel de Trafigura en el vertido, puesto que la filial británica del grupo empresarial Trafigura tomó muchas de las decisiones clave que dieron lugar a la catástrofe.

El gobierno de Costa de Marfil debe garantizar que las víctimas reciben una indemnización completa. Además, debe reconsiderar la legalidad del acuerdo que alcanzó y por el que Trafigura obtuvo inmunidad absoluta frente al procesamiento en Costa de Marfil.

El Convenio de Basilea, que regula la circulación transfronteriza de sustancias peligrosas y su eliminación, define como peligrosos los residuos vertidos en Abiyán y establece que su exportación sin permiso es delictiva.
El informe se ha presentado con motivo de la reunión en Ginebra de los Estados Partes en el Convenio de Basilea, que representa una oportunidad para garantizar que los desechos tóxicos derivados de procesos industriales realizados a bordo de barcos no vuelven a verterse en países más pobres.


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