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jueves, octubre 18, 2012
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Cuestion de Principios… Por Julio Santoyo

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Por Julio Santoyo


Si un ciudadano común y corriente le da por robarse un autobús e incendiarlo o pone sitio a una ciudad estrangulando sus vías de comunicación como método para que el gobierno atienda sus demandas es seguro que será detenido e irá a la cárcel sin concesiones. Esto lo sabe el ciudadano pues conoce los principios básicos de su Constitución Política o por lo menos reconoce que hay una escala de valores que deben respetarse y que transgredirlos atrae el castigo de la sociedad.

Por eso ante el tema de los estudiantes detenidos y consignados de las normales no debe haber confusión, ni legal, ni política. Es una cuestión básica de principios que todos los ciudadanos conocemos.

Primero: Vivimos en una sociedad democrática en donde el derecho de petición, de expresión y de manifestación están vigentes. Tan vigentes que todos los grupos sociales se pueden manifestar sin cortapisas y los medios de comunicación dan cobertura local y nacional a sus voces y a sus exigencias. No vivimos en una dictadura o en un estado de excepción. Más bien, en ocasiones pareciera que vivimos un estado permisivo y laxo, que deja hacer y que deja pasar impunemente las acciones ilegales que en ese marco suelen darse.

Segundo: El estado de derecho es un pilar fundamental de nuestra democracia. Esto quiere decir que sin el respeto a las leyes no puede haber democracia. Todo demócrata que se precie de serlo, así sea de izquierda, de centro o de derecha, debe antes que nada hacerlo valer. Sin ese compromiso primigenio lo único que tendremos como sociedad es la ley de la selva, y si impera la ley de la selva, los primeros en ganar no son los débiles, son los que tienen poder. La impunidad sólo es paraíso para los poderosos porque en ese campo ellos tienen la garra más pesada y afilada.
Tercero: Una causa legítima y justa no necesita de la violencia, ni de tomar a la sociedad como rehén para hacerla efectiva. Necesita por el contrario seguir los caminos constitucionales y como método político la búsqueda de la comprensión y el apoyo de la sociedad para hacerla efectiva si es que es razonable, viable y justa.

Ahora bien, lo ocurrido el lunes por la madrugada en las normales de Tiripetio, Cherán y Arteaga no es más que la consecuencia legal derivada de la comisión de actos delictivos más allá de las demandas planteadas. Los michoacanos fuimos testigos de la convocatoria recurrente que el gobierno hizo para que los dirigentes acudieran al diálogo y la prensa de esos días da testimonio de ello. La respuesta fue irresponsablemente provocadora, secuestrando más vehículos y retando a los órdenes de gobierno. Se podrá decir con precisión que el gobierno ponía una condición: que antes entregaran los automotores, y es cierto.

Quiero recordar a nuestros lectores que el artículo 8° de nuestra constitución dice: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa…” y en el Artículo 9° se señala: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”
Más claro ni el agua.

La gran mayoría de los michoacanos tenemos hartazgo de que un día sí y otro también se cometa el delito de bloqueo de las ciudades, se despoje a los ciudadanos de sus transportes y se les tire en la calle, se vandalicen los comercios, se incendien vehículos y se dañe el patrimonio público y no haya consecuencia legal alguna. El gobierno priista de Fausto Vallejo seguramente lo sabe y sabe que el costo de seguir permitiendo tal impunidad terminará poniendo de rodillas a su gobierno, justo porque hay más 4 millones y medio de michoacanos que se lo reclamarán. Por eso debe actuar y hacer valer la ley.

Pero esa misma previsión debiera tener la dirigencia estatal perredista, que literalmente se ha puesto a la cola de quienes han vandalizado la gestión social. Los ciudadanos no debiéramos olvidar el afrentoso posicionamiento de la dirigencia perredista que en lugar de ofrecer vías alternativas de interlocución y llamados enérgicos al respeto a la ley para que los grupos violentos depongan su proyecto, los cobija, los estimula y exige se les otorgue impunidad. Y no debiéramos olvidarlo para que en 2015, cuando haya elecciones, los 3.5 millones de electores les reclamemos su aberración, a ver si con el voto del vandalismo logran ganar la elección.

Si no impera el estado de derecho el sistema democrático se debilita y pierde legitimidad. Cuando la anarquía da un paso el autoritarismo da diez, ¿será esto lo que en el fondo se pretende?


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