Michoacan debe contar con un organo fiscalizador profesional y autonomo: Diputados

Con el propósito de concentrar las opiniones de expertos y tener la referencia de expertos en fiscalización, los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, recibieron las propuestas que serán consideradas en el estudio y análisis de la Ley de Fiscalización Superior de Michoacán.


En el marco de la presentación de la conferencia “Análisis de la Ley de Fiscalización de Michoacán”, retos y perspectivas, que dictó la Doctora Aimé Figueroa Neri, la Auditora Superior del Estado, Verónica Esther Mendoza, y los diputados integrantes de la Comisión Legislativa, presidida por Alfredo Anaya Gudiño, recibieron las propuestas y establecieron el compromiso de que serán tomadas en cuenta al dictaminar la Ley de referencia.


La doctora Figueroa Neri, en su momento, aclaró que “la fiscalización superior, no es cacería de brujas y mucho menos sinónimo de cárcel” y recomendó a los diputados integrantes de la comisión de referencia, a que una vez aprobado este ordenamiento legal, no se retrasen las adecuaciones a su reglamento, por ser este, el que acompaña el desarrollo de la Ley; que se reforme la normatividad y se tome en cuenta que al darle más competencias al órgano fiscalizador, se ocupa de dotarlo de autonomía y más recursos presupuestales.


Asimismo, ante su propuesta de crear un Comité Técnico de apoyo a la ASM, los legisladores informaron que ya se está construyendo con los expertos de los colegios y barras de profesionales, así como directivos y catedráticos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), dicho organismo.


La reunión fue presidida por los diputados presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, Wilfrido Lázaro Medina y Jesús Avalos Plata, respectivamente, así como por los legisladores Macarena Chávez Flores, Salvador Hernández Limón, Iván Madero Naranjo, Manuel Antúnez Oviedo y Gonzalo Elvira Cabrera, quienes coincidieron en que se ocupa entregar a la sociedad una Ley eficaz y acorde a las necesidades presentes.


Por su parte, ante los representantes de Colegios y Barras de Contadores y Abogados, Anaya Gudiño, refirió las propuestas que han presentado, las cuales se enfocan en que la Ley en mención, obligue a que el estado cuente con un órgano fiscalizador profesional y autónomo.


Recordó que previo a las reuniones con los expertos, la Comisión que representa, llevó a cabo reuniones regionales en el centro, bajío y la costa michoacana, para conocer la situación real que guarda el trabajo de fiscalización en los ayuntamientos.


En las conclusiones, dijo, las autoridades se pronunciaron porque se dé mayor celeridad a los procedimientos, aplicación de sanciones más benévolas y delimitadas, así como mayor participación en los procesos de fiscalización; también se comprometieron a coadyuvar con los procedimientos de fiscalización, a presentar a tiempo la documentación y cumplir cabalmente con los aspectos de legalidad.


El presidente de la Comisión Inspectora, apuntó que, con esta base, luego de las respectivas reuniones, los colegios y barras de los especialistas en mención, presentaron sus consideraciones, las cuales tienen que ver con la redacción correcta de la Ley; autonomía del órgano técnico y de gestión económica y especial; sanciones más severas; procedimientos más ágiles; convenios y catálogos de sancionados; instituciones que fiscalicen a la ASM; temporalidades de procedimientos acordes con el grado de dificultad del mismo; acciones que inhiban la conducta indebida de los propios funcionarios de la órgano fiscalizador y; el alcance personal del recurso de revocación.


Así, en este marco de consideraciones, la conferencista comentó que entre las debilidades de esta ley en construcción, esta la falta de transparencia expresa de información y resultados, por lo que propuso que para fortalecer la autonomía de la ASM, debe blindarse la figura del auditor y mejorar la técnica y redacción legislativa.


En relación a las fortalezas, señaló la parte de los procedimientos y sanciones, su fundamento constitucional, la forma en que se busca fortalecer la autonomía de la ASM y la incorporación de los principios de la Ley de Fiscalización.