Aprueban abrir "cajas negras" de deudas estatales #Michoacan

1 de octubre de 2012.- La alerta roja que se encendió en diversos estados de la República donde se reportan “deudas ocultas” por más de 200 mil millones de pesos, no sólo tiene en quiebra los sistemas financieros estatales sino que es tema de preocupación en el equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, desde donde se ha considerado inclusive la posibilidad de constituir un Fobaproa para rescatar a cuando menos una decena de entidades federativas, mayoritariamente priístas, que empeñaron hasta el 75 por ciento de sus ingresos para pago de los empréstitos durante los próximos 30 años.

En respuesta a estas anomalías, la Secretaría de Hacienda inició una investigación que descubrió el caso emblemático de endeudamiento por 36 mil millones de pesos del ex gobernador de Coahuila y entonces presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, de cuyo gobierno se comprobó haber falsificado documentación oficial para aspirar al crédito. Por dichos delitos, algunos funcionarios públicos de su administración andan prófugos de la justicia y el propio paradero de Moreira se desconoce.

En tribuna, la senadora del PAN Laura Angélica Rojas pidió a los estados que legislen para mejorar las reglas de contratación de deuda pública, a fin de garantizar transparencia. “Los estados no están obligados por ley a hacer público el monto total de su deuda. Fue gracias a un acuerdo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que nos enteramos, apenas el año pasado, de los montos reales de ésta, pero no sabemos cómo se utiliza”, reseñó.

El priísta José Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, admitió que ha existido endeudamiento en muchas entidades pero el gobierno federal no se queda atrás y resulta irresponsable al tratar de favorecer a alguien.

En respuesta, el senador perredista por Oaxaca, Ángel Benjamín Robles aseguró que la solución a la opacidad debe venir desde el ámbito de los estados, porque ellos han ocasionado el problema y la deuda.

“Para que el federalismo funcione, las entidades deben comprometerse a mantener un manejo correcto de las finanzas, así como de la administración pública en que son competentes”, concluyó.

Con sólo tres votos en contra, la iniciativa prosperó pese a que Dolores Padierna, vicecoordinadora de los senadores del PRD, presentó una moción suspensiva con el argumento de que no existe la ley reglamentaria para procesar la iniciativa, pero la votación mayoritaria del PRI, PAN y PVEM la desechó.

En el salón de sesiones, estuvo presente el senador Félix González Canto, ex gobernador de Quintana Roo quien en seis años disparó la deuda estatal de mil 300 millones de pesos, en 2005, a más de 25 mil millones de pesos al concluir su administración en 2011. Ni siquiera se dio por aludido y alzó el dedo públicamente para aprobar una ley que persigue acabar con la opacidad con que los estados de la República se manejan para contraer deuda pública que deberán pagar los ciudadanos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental dio como plazo límite hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir a cabalidad con lo estipulado en esta nueva ley.

Campeones en opacidad. Los estados de la República más endeudados, con los problemas financieros más serios, son también los que más denuncias tienen en su contra por carecer de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de su presupuesto.

Claridad y Participación Ciudadana asegura que el endeudamiento en las entidades se logró gracias a que en gobiernos como el de Coahuila, Quintana Roo o Nuevo León, se caracterizan por una notable sombra respecto al uso de sus recursos presupuestales.

La organización civil realizó a principios de año una gira nacional para dar a conocer las deudas de todos los estados y su conclusión es que las leyes estatales de transparencia son, en estos casos, letra muerta o inexistente. Además, el que generalmente los gobiernos ejerzan un férreo control sobre sus congresos estatales, amplia el compás de opacidad, no existe fiscalización alguna sobre el gasto, ni tampoco posibilidad alguna de hurgar en las cuentas de los distintos proyectos y programas.

El primer escudo con el que los estados ocultan la información de la deuda pública es el secreto bancario. Para Armando Guadiana Tijerina, presidente de Claridad y Participación Ciudadana, esta figura jurídica debe desaparecer en cualquier organismo público y en fideicomisos públicos.

“El movimiento de las cuentas bancarias del gobierno es público y debe, en consecuencia, ponerse a disposición de cualquier ciudadano que requiera dicha información, ya sea que en la justificación alegue un interés legítimo que puede ser colectivo, o jurídico”, puntualiza el empresario.

Con la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, aprobada por el Senado, los ciudadanos tendrán acceso a todos los adeudos que tengan los estados, municipios o la Federación, y a este derecho no se podrán oponer mecanismos como el secreto bancario o fiduciario.

El Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria 2011 del Instituto Mexicano para la Competitividad detalla que los estados han mentido y mal informado el verdadero estado de sus deudas. Se trata de un maquillaje de cifras con variaciones de casi el 80 por ciento de la cifra real registrada en el gobierno federal.

Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda de Coahuila reportó que su deuda era de 8 mil 239 millones de pesos en 2010, sin embargo, a finales del siguiente año tuvo que admitir que en realidad se enfrenta a 35 mil 823 millones de pesos.

En Tabasco, gobernada en su momento por el priísta Andrés Granier Melo, donde se declaró 2 mil millones de pesos de deuda, en realidad aceptaron que era más de 4 mil millones. En Chihuahua, la Auditoria Superior del Estado aseguró que la entidad únicamente adeudaba 4 mil 500 millones de pesos, la realidad llegó de manos de la Secretaría de Hacienda federal, quien mostró que la deuda es superior a 13 mil millones de pesos.

Michoacán, gobernada por el priísta Fausto Vallejo, declaró tener 13 mil millones de pesos de deuda. En este año se develó que en realidad la deuda pública asciende a más de 42 mil millones de pesos.

Nuevo León también ha maquillado su deuda pública. Reportó 34 mil millones de pesos como deuda cuando la Secretaría de Hacienda develó que se trata de 36 mil.

La explicación de este encubrimiento de números es que no se reportaron las deudas a corto plazo cuyo registro ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas no es obligatorio, tampoco lo es registrar sus deudas a proveedores; estas deudas a corto plazo son las que requieren de un pago perentorio.

Por lo mismo, especialistas aseguran que esto es apenas la punta de un iceberg. Bajo el agua están los saldos reales de las deudas, las cuales duplican las cifras oficiales. No se ha encontrado forma para develar la realidad debido a la opacidad en a los gobernadores estatales.

A este respecto, René Torres Ruiz, especialista en política y administración pública de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, explica que la opacidad en el gobierno está directamente relacionada con la cultura de la corrupción en el país.

“Desde inicios del siglo XX y la creación del partido hegemónico, se instauró también en el gobierno una cultura sustentada en la corrupción. El sistema priísta necesitaba de la corrupción para engrasar todos los engranajes del aparato gubernamental”, reseña el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Barcelona.

René Torres Ruiz asegura que aún con la reforma de Enrique Peña Nieto se necesita un largo camino para lograr cambiar la cultura de la corrupción en el país.
.