Maiz Criollo, patrimonio alimentario de Michoacan

Informe de Gobierno se entregará e13 de febrero en el Teatro Morelos

Al considerar el maíz como el grano más importante del mundo por su versatilidad como materia prima en diversas cadenas productivas tradicionales, los diputados locales aprobaron la Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Michoacán.



Al aprobar dicha Ley se fomentarán, conservarán y protegerán los maíces originales de la entidad, a través de la creación de centros de abastos; la elaboración de un inventario y el fondo de semillas de maíz; el reconocimiento a los productores originarios y custodios; además de crear un Consejo Consultivo michoacano del Maíz.



Durante la Sesión Legislativa, el Congreso local aprobó la propuesta presentada por el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel de habilitar como Recinto Legislativo el Teatro Morelos con el objetivo de que el 13 de febrero de la presente anualidad a las 11 horas del día, se presente el tercer informe del estado que guarda la administración pública estatal.



Con 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, fue aprobado el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan, reforman y derogan diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, elaborado por las Comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación.



Del estudio y análisis realizado, los integrantes de las comisiones dictaminadoras refirieron que ambas iniciativas coinciden con la visión de fortalecer la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sugieren ampliar las facultades del consejo ciudadano, que estimaron de muy importante para otorgar mayores atribuciones de dicha Comisión que forjen una cultura de los derechos humanos.

Dichas reformas permiten la incorporación de nuevos conceptos y procedimientos a favor de las y los michoacanos, siendo éstos medidas precautorias; se acotan los términos de tramitación de la queja ante la CEDH, se plantea que la conciliación resulte un proceso mucho más ágil; se regula el trabajo de los funcionarios públicos para que antepongan el respeto a los derechos humanos, entre otros rubros.

Por lo anterior, la diputada Guadalupe Calderón Medina se congratuló con esta aprobación toda vez que posibilitará un marco jurídico que permita a la ciudadanía sentir la protección de la institución garante de los derechos humanos, ya que en la medida que se posicione socialmente el respeto y la garantía de los derechos, se desarrollará una cultura de la legalidad y la justicia.



Por su parte, Raúl Morón Orozco, integrante de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, razonó su voto a favor toda vez que reconoció como obligación de los gobiernos el garantizar, proteger y promover los derechos de todas las personas, siendo esto premisa indispensable y condición de todo estado democrático.



Así, el diputado Luis Manuel Antúnez Oviedo (Partido Convergencia), coincidió en la necesidad de que la defensa de los derechos humanos sea vista de manera más integral y completa, recordando con ello una propuesta que habría realizado él para que la Comisión fuese una Procuraduría, ya que sería importante que fuese “corresponsable en la investigación de las presuntas violaciones o recomendaciones”.

Sergio Solís Suárez, diputado integrante de la LXXI Legislatura, sometió ante el Pleno la iniciativa de decreto que propone adicionar el título décimo segundo a la Ley Orgánica Municipal.



En las consideraciones, refirió que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, propone adicionar la figura del juez municipal en los organigramas municipales, quienes serán auxiliares de la administración; dependientes del síndico municipal, nombrados por el ayuntamiento y sancionarían las infracciones al bando de policía y buen gobierno así como el resto de reglamentos y disposiciones municipales.

Aseguró que con esta adición, se buscará que el desarrollo de la vida comunitaria transcurra dentro de los cauces del Estado de Derecho, alejados de las conductas antisociales al tener la participación de una autoridad que con facilidad, claridad y legalidad califique sobre las violaciones a las disposiciones municipales contenidas en reglamentos y en “El bando de policía y buen gobierno”.

Dentro de las facultades de los Jueces Municipales estaría el conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o infracciones a los ordenamientos municipales, excepto las de carácter fiscal; conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades, a fin de avenir a las partes.



Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Fortalecimiento Municipal para su estudio, análisis y dictamen.



Asimismo, a las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales fue turnada la comunicación enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante la cual remiten expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Arturo Bucio Ibarra, remitió al Congreso local el informe escrito por el que da cuenta del funcionamiento de esta instancia durante su gestión por el año 2010, que además contiene cuenta de ingresos propios de dicho Tribunal.

A su vez, contiene texto e imágenes que advierten las actividades realizadas para cumplir “con el honroso encargo de aplicar la justicia en el estado y el entusiasmo con el que se transita a la consolidación del órgano que represento”, puntualizó.

Con ello, el Pleno quedó debidamente enterado y se notificará al titular del Poder Ejecutivo para su comunicación; además, fue turnado a la Comisión de Justicia para su conocimiento y trámite conducente.

En otro punto del orden del día, se dio lectura a la declaratoria mediante la cual, se informó el sentido de la votación de los municipios del estado de Michoacán respecto al decreto 248 aprobado por la LXXI Legislatura el pasado 11 de noviembre y mediante el cual, se reforma el segundo párrafo del artículo 133, fracción 1 y último párrafo fracción 10 del artículo 134, se adiciona cuatro párrafos a la fracción 11 del artículo 44 de la Constitución del Estado.



Así, los integrantes de la Mesa Directiva informaron que sólo los municipios de Churintzio y Cotija remitieron respuesta afirmativa relativa a la minuta de decreto, por lo que al transcurrir con exceso el término de un mes sin que los 111 ayuntamientos restantes hayan remitido al Congreso el resultado de su votación, se entiende que aceptan su adhesión al haber operado la afirmativa ficta.



Con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76 Bis, la fracción IV, IX, X y el segundo párrafo del artículo 303, así como adiciona fracción XI y un tercer párrafo al artículo 303 del Código Penal del Estado de Michoacán, y reforma el párrafo segundo de la fracción III del artículo 493 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán.



Así, se estable que el delito de robo perpetuado en un paraje solitario o estando la víctima en un vehículo particular o de transporte público, vivienda, aposento, casa habitación, independientemente de la cuantía, haya o no violencia en las personas, será sentenciado sin que se le conceda la libertad condicional.



Al referirse a la situación que prevalece en el oriente michoacano en donde no se ha cumplido con la entrega de las viviendas michoacanas prometidas a los afectados por las lluvias en febrero del año pasado, el diputado Juan Carlos Campos Ponce (PRI) subió a la Tribuna del Congreso del Estado para denunciar que de la Villa Sustentable prometida, actualmente no hay nada y que quejó de que el Ejecutivo del Estado pretenda sortear las viviendas en Angangueo como si la responsabilidad del Estado dependiera de la suerte, como si los impuestos se pagaran también por sorteo.

El legislador señaló que la gente exige que el gobierno trabaje con resultados plasmados en los hechos, en promesas que se cumplan y que mejoren la calidad de vida de los que más necesitan.

En otro sentido, la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género, la diputada Gabriela Molina Aguilar, envió un sentido pésame a los familiares de Marisela Escobedo, activista de Derechos Humanos asesinada en Chihuahua el pasado 16 de diciembre, y exigió una intervención inmediata del Estado para proteger a sus familiares y evitar más muertes.
Así, urgió a que en México se dé un gran pacto nacional para unificar criterios y estrategias contra la violencia de todo tipo, empezando con la de género. Requirió de un Estado mexicano que sea garante de la seguridad de todas y todos, que sea resultado de una política de reestructuración social a profundidad.

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